El número de alquileres sumergidos de viviendas se triplica en Castellón

El número de alquileres de viviendas al margen de la ley en Castellón se ha triplicado en solo un año. Así lo calculan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de las estadísticas del Ministerio de la Vivienda y los declarantes del IRPF. El número de residencias arrendadas según el Ministerio de Vivienda es de 25.456 y solo 9.862 están declaradas, con lo que 15.594 se consideran ilegales. El triple que en el ejercicio anterior, cuando esta cifra ascendía a 5.521.

Esta noticia no ha sentado nada bien al sector turístico, que lleva años denunciando que cuando llega el verano miles de castellonenses hacen su particular agosto alquilando segundas residencias y apartamentos en la costa de forma ilegal y sin ofrecer ninguna garantía a los turistas. Una práctica al alza desde que se inició la crisis y que afecta a prácticamente todo el país.

Así lo pone de manifiesto el gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Otros (Ashotur), Carlos Gomis, quien señala que “se trata de un mercado negro incontrolable que hace competencia desleal a los establecimientos turísticos legales y que perjudica a los clientes, porque ante cualquier problema no tienen dónde recurrir”.

Además, explica que “ahora sí podemos decir que es un negocio ilegal con todas las letras”, ya que hace tan solo un año la situación estaba al margen de leyes explícitas y se calificaba como alegal.

DESINFORMACIÓN // Por su parte, el presidente de la Federación de Empresas Innovadoras Turísticas de la provincia de Castellón (Feiturcas), Eduardo Ferreres, asegura que esta práctica se debe a la desinformación de los usuarios y los propietarios, ya que “piensan que legalizar su situación les puede costar mucho dinero, unido a que hay un público muy fidelizado, como la típica familia que, por costumbre, cada año alquila el apartamento y que se niega a variar su tradición veraniega”.

Ferreres afirma que “hay que tener en cuenta las características del apartamento que se alquila, porque en muchos casos no reúne las condiciones básicas”.

Y es que la crisis está provocando que cada vez más residentes con apartamentos en desuso opten por alquilarlos a turistas, además de que están rebajando precios y están creando un mercado muy competente entre ellos mismos. Si el año pasado cobraban 1.000 euros por una semana, ahora se rebajan a 800 o incluso 700 euros para atraer clientela.

“Su modus operandi es muy simple, basta con tener acceso a internet y ver sus miles de anuncios”, aseguran desde Feiturcas.

Gomis indica que “la crisis está provocando que haya más ilegalidad, por la necesidad, incluso, se dan casos de connivencia con los porteros de las fincas de apartamentos, para avisarles de que hagan la vista gorda en el control de personas que entran y salen a diario del edificio”. Por este motivo, estima que “si el año pasado calculábamos que el 80% de alquileres son ilegales, hoy en día podríamos hablar de un 85%”.

Además, denuncia que “mientras esto no se erradique, las estadísticas oficiales de ocupación que suelen publicarse periódicamente, son falsas, ya que el mercado no se controla al 100%”.

Tanto Ferreres como Gomis recomiendan a los turistas que “tengan cuidado” y acudan a establecimientos oficiales o realicen el arrendamiento de forma legal para que ante una reclamación se asuman las responsabilidades.

Para ambos entes turísticos, esta es una problemática que afecta no solo a las empresas y al empleo, sino también a la imagen de la provincia, ya que “si queremos ser un destino turístico tenemos que empezar desde abajo” y exigen que se cumpla la normativa creada expresamente para este menester, ya que pone unas bases para la regulación”.

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