Los cámpings declaran la guerra a los párkings de autocaravanas

Los cámpings de la provincia han declarado la guerra a los párkings de autocaravanas. Estos espacios, por los que los ayuntamientos apuestan cada vez más en la búsqueda de atraer visitantes durante todo el año, están a juicio de los empresarios fuera de la ley, al no contar con los servicios que se requiere para los establecimientos turísticos. Es por este motivo que desde la asociación que los engloba en Castellón ya han interpuesto denuncias ante los tribunales para intentar poner freno a un fenómeno creciente.

Este fue el punto principal que trataron durante la última asamblea de los cámpings castellonenses, celebrada en el Centro de Turismo (CdT), en la que estuvieron representados más de una veintena de alojamientos y el bufete de abogados que les asesora en este proceso. El presidente de la asociación, y vicepresidente de la Federación de Cámpings de la Comunitat Valenciana, José María López, detalla: «Estos párkings no cuentan, por ejemplo, con seguridad o con registro policial, como se nos exige a todos nosotros».

POLÉMICA

Aunque no es ni mucho menos el único espacio de este tipo, los propietarios de cámpings tienen en el punto de mira el que está situado junto al Planetario del Grao de Castellón y el habilitado junto al aeródromo, que si bien no está adecuado para tal uso --no tiene desagües o agua corriente--, es utilizado por muchos turistas fuera de la temporada turística, con el permiso del Ayuntamiento. «¿Dejarían instalarse en un cámping a más de 200 autocaravanas del norte de Europa y pernoctar sin control de ninguna clase?», se pregunta José María López, que denuncia que «están aparcadas varios meses» y que, además, «echan los diversos residuos tóxicos que generan directamente al alcantarillado».

Lo cierto es que la gestión de estos espacios ha generado polémica desde que se inauguraran en la capital de la Plana en abril del 2016. Y es que su puesta de largo generó un efecto llamada que hizo que al Grao llegaran más autocaravanas de las escasamente 20 que cabían en el párking, lo que hizo que se instalaran a lo largo de todo el parque Litoral, con las consiguientes quejas vecinales.

Esa situación la trató de paliar el equipo de gobierno local ampliando el párking en casi 30 plazas y habilitando una zona junto al aeródromo, en la que las autocaravanas pueden instalarse en temporada baja. Contra esta medida se alzaron voces que denunciaban que los usuarios no abonan ningún tipo de tasa, una reclamación a la que se unen los cámpings: «¿Con qué se pagan estos servicios gratuitos? Con los impuestos de los ciudadanos. ¿Ese es el turismo que queremos? ¿Qué empleo genera?».

una moda // Estos espacios están proliferando en la provincia. Moncofa lo inauguró cerca de la playa el año pasado, Torreblanca cuenta con uno junto al parque natural del Prat --y al cámping Torrenostra--, en Morella incluso hay un proyecto para mejorar el que ya funciona, mientras que en Onda se felicitan por el aumento de pernoctaciones registrado en la localidad desde que se puso en marcha en octubre del pasado 2017, entre otros ejemplos. Y hay varios municipios que ya tienen el proyecto para sumarse a esta tendencia turística, como por ejemplo Nules y Vinaròs.

Los empresarios del sector exigen que se haga cumplir la normativa

Los representantes empresariales del sector turístico están convencidos de que los dos nuevos decretos aprobados el pasado verano son positivos, pero el sector continúa padeciendo los efectos de la clandestinidad y el intrusismo.

Por este motivo, el gerente de Ashotur, Carlos Gomis, señala que “no hemos detectado que la Conselleria de Turismo haya hecho actuaciones, especialmente porque siguen con el mismo servicio de inspección de toda la vida, con solo cuatro inspectores”. “Comprendo que es una labor muy complicada el llevar un estricto control sobre el tema”, indica, “pero en época de crisis hay más ilegalidades que nunca y, por lo tanto, se lo deben tomar más en serio, porque el empresario padece la situación y llega a hacer auténticas filigranas para mantener su negocio a flote”.

Por su parte, el presidente de Feiturcas, Eduardo Ferreres, asegura que “la administración debería potenciar sus actuaciones” y señala que “deberían iniciar una campaña de concienciación a través de los ayuntamientos, porque es un tema más grave de lo que se piensa”. Por ello, ambos exigen que Turismo haga cumplir la ley a rajatabla, además de intensificar los mecanismos de inspección, vigilancia y control. “Es un agravio comparativo en detrimento de los negocios legales”, señala Gomis, quien apunta que no sirve de nada que los inspectores pasen por las viviendas turísticas inscritas en el registro oficial, ya que deberían controlar justamente las ilegales.

Por su parte, el gerente de Altubel, responsable del sector en la Agrupación de Empresarios Turísticos de Peñíscola (Agretur), Juan Antonio Beltrán, ya reivindicaba hace tiempo la necesidad de realizar una gran campaña de sensibilización dirigida a propietarios y clientes, informándoles de los derechos y obligaciones que adquieren al alquilar una vivienda turística, especialmente desde la aprobación de la nueva ley.

“Una Comunitat que se jacta de ser turística no puede seguir así, dentro de la ilegalidad”, añade Gomis. “Si hay falta de medios para controlar, no es un problema nuestro”, reitera el representante.

Las localidades del interior no se libran de la problemática y aumentan los usuarios

El gerente de Ashotur, Carlos Gomis, afirma que no solo los apartamentos en la costa u otras construcciones de veraneo similares están inmersos en esta problemática, sino que también las localidades de interior están notando un incremento de alquileres irregulares, aprovechando las casas de particulares que no hacen uso de ellas y las alquilan en verano a familias con poco presupuesto.

Municipios como Montanejos, Benassal y otras localidades menos turísticas pero con encanto son las principales escogidas por los visitantes de toda España, especialmente valencianos y catalanes.

Fuentes oficiosas aseguran que esta práctica es muy habitual, “de toda la vida”, entre familias que se conocen y que aprovechan para cambiar de aires en verano por un módico precio alquilando estas casas. No obstante, muchas de estas viviendas “no reúnen los requisitos mínimos de las construcciones actuales y suelen ser casas muy viejas”, expresan.

El número de alquileres sumergidos de viviendas se triplica en Castellón

El número de alquileres de viviendas al margen de la ley en Castellón se ha triplicado en solo un año. Así lo calculan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de las estadísticas del Ministerio de la Vivienda y los declarantes del IRPF. El número de residencias arrendadas según el Ministerio de Vivienda es de 25.456 y solo 9.862 están declaradas, con lo que 15.594 se consideran ilegales. El triple que en el ejercicio anterior, cuando esta cifra ascendía a 5.521.

Esta noticia no ha sentado nada bien al sector turístico, que lleva años denunciando que cuando llega el verano miles de castellonenses hacen su particular agosto alquilando segundas residencias y apartamentos en la costa de forma ilegal y sin ofrecer ninguna garantía a los turistas. Una práctica al alza desde que se inició la crisis y que afecta a prácticamente todo el país.

Así lo pone de manifiesto el gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Otros (Ashotur), Carlos Gomis, quien señala que “se trata de un mercado negro incontrolable que hace competencia desleal a los establecimientos turísticos legales y que perjudica a los clientes, porque ante cualquier problema no tienen dónde recurrir”.

Además, explica que “ahora sí podemos decir que es un negocio ilegal con todas las letras”, ya que hace tan solo un año la situación estaba al margen de leyes explícitas y se calificaba como alegal.

DESINFORMACIÓN // Por su parte, el presidente de la Federación de Empresas Innovadoras Turísticas de la provincia de Castellón (Feiturcas), Eduardo Ferreres, asegura que esta práctica se debe a la desinformación de los usuarios y los propietarios, ya que “piensan que legalizar su situación les puede costar mucho dinero, unido a que hay un público muy fidelizado, como la típica familia que, por costumbre, cada año alquila el apartamento y que se niega a variar su tradición veraniega”.

Ferreres afirma que “hay que tener en cuenta las características del apartamento que se alquila, porque en muchos casos no reúne las condiciones básicas”.

Y es que la crisis está provocando que cada vez más residentes con apartamentos en desuso opten por alquilarlos a turistas, además de que están rebajando precios y están creando un mercado muy competente entre ellos mismos. Si el año pasado cobraban 1.000 euros por una semana, ahora se rebajan a 800 o incluso 700 euros para atraer clientela.

“Su modus operandi es muy simple, basta con tener acceso a internet y ver sus miles de anuncios”, aseguran desde Feiturcas.

Gomis indica que “la crisis está provocando que haya más ilegalidad, por la necesidad, incluso, se dan casos de connivencia con los porteros de las fincas de apartamentos, para avisarles de que hagan la vista gorda en el control de personas que entran y salen a diario del edificio”. Por este motivo, estima que “si el año pasado calculábamos que el 80% de alquileres son ilegales, hoy en día podríamos hablar de un 85%”.

Además, denuncia que “mientras esto no se erradique, las estadísticas oficiales de ocupación que suelen publicarse periódicamente, son falsas, ya que el mercado no se controla al 100%”.

Tanto Ferreres como Gomis recomiendan a los turistas que “tengan cuidado” y acudan a establecimientos oficiales o realicen el arrendamiento de forma legal para que ante una reclamación se asuman las responsabilidades.

Para ambos entes turísticos, esta es una problemática que afecta no solo a las empresas y al empleo, sino también a la imagen de la provincia, ya que “si queremos ser un destino turístico tenemos que empezar desde abajo” y exigen que se cumpla la normativa creada expresamente para este menester, ya que pone unas bases para la regulación”.