Las playas de la provincia figuran en el ‘top 10’ nacional de la calidad

La provincia de Castellón puede presumir de playas, a lo largo de sus casi 120 kilómetros de costa, pues figura en el top 10 de la calidad a nivel nacional. Concretamente, en la 7ª posición, empatando con Girona. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), la rama española de la Federación Europea de Educación Ambiental (FEE), ha otorgado el distintivo de bandera azul a 31 playas castellonenses, de modo que revalida todas las del año pasado, exceptuando la de Masbó, en Moncofa, que la recuperó en el 2014, tras cuatro ejercicios, y este no ha repetido.

La provincia mantiene el distintivo en el puerto deportivo de Orpesa y suma el reconocimiento como centro azul al Centro Espai Natura de Torrenostra, en Torreblanca. “Estos galardones son una recompensa y un reconocimiento a la labor que se hace desde los ayuntamientos, ya que la oferta de sol y playa es nuestro producto estrella”, afirmó el diputado de Turismo y alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez. El municipio turístico por excelencia ha renovado los tres certificados que tenía, la bandera azul para la playa Nord, sendero para la zona de Peñismar y centro azul para el Museu de la Mar.

TURISMO FAMILIAR // Por su parte, el gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur), Carlos Gomis, resaltó que el castellonense “es un destino fundamentalmente nacional, en el que destaca el turismo familiar, que se caracteriza por una elevada utilización del litoral, de modo que los distintivos que avalan y reconocen la calidad del agua y de los servicios son muy importantes”. Y es que las banderas acreditan el cumplimiento de estándares como la calidad del agua o la ordenación ambiental, pero también la accesibilidad a esos espacios para personas con movilidad reducida y la existencia de prestaciones sanitarias y de salvamento, entre otros.

El único municipio que pierde el galardón, Moncofa, requerirá los motivos que han llevado a retirarlo para subsabarlos en el 2016. “En el 2014, cuatro años después de perderla, volvimos a tener la bandera azul en Masbó, pasando exhaustivos controles. En ocasiones, el agua depurada se vierte en la desembocadura del río y, al llegar a la playa, puede causar una mancha oscura; supongo que no habrá pasado los análisis, pero aún no conocemos las causas”, explicó el primer edil, Jaime Picher, que solicitó un sendero azul que partía de esa playa y tampoco ha sido reconocido.

En el lado opuesto figuran los municipios que repiten galardones. Un ejemplo es Benicàssim, con casi siete kilómetros de litoral, que mantiene todas sus playas con los máximos estándares de calidad medioambiental, servicios, infraestructuras y estado óptimo de las aguas, como destacó la munícipe, Susana Marqués.

La Comunitat Valenciana ha logrado 134 banderas azules en 120 playas y 14 en puertos deportivos, una menos que el año pasado, y se sitúa como la segunda autonomía con más distintivos, tras Galicia, con 150. Por provincias, Alicante ha obtenido 72 galardones (59 para playas y 13 para puertos deportivos) y Valencia, 30, todos ellos en playas.

El conseller de Turismo, Máximo Buch, dice que “se están haciendo las cosas bien. El organismo que las concede es independiente y exigente, pero intentaremos ganar más banderas”.

El sector ve insuficiente el tamaño autorizado para los chiringuitos

El responsable del área de ocio nocturno de la asociación provincial de empresarios de hostelería y turismo de Castellón (Ashotur), Javier Sánchez, considera que con la prórroga de un año para que los chiringuitos ubicados en la zona marítimo terrestre afectados por la ley de Costas puedan abrir en las mismas condiciones que el año anterior “no se ha conseguido nada” y vio “triste” que “el Gobierno nos trate de manera distinta al resto de España”. Así se expresó ayer tras conocer los frutos del encuentro del martes entre el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la ministra del ramo, Rosa Aguilar.

Si bien Sánchez reconoce como un avance frente a la propuesta inicial de 20 metros el que se mantenga en 150 metros el tamaño autorizado, considera que “sigue siendo insuficiente para cualquier municipio de costa”. A modo de comparación, resalta que en otras zonas del país se está permitiendo montar instalaciones de 1.000 metros. Una discriminación que tilda de “irresponsable y de falta de respeto al empresario y a la Comunitat Valenciana”. “Nos vemos recortados en cuanto a competitividad”.

El representante de Ashotur apunta que “habría que apostar por instalaciones “más grandes, mejores y con más servicio”, y que se den las condiciones para que el empresario pueda generar la oferta concreta que precisa.

Respecto al anuncio del conseller de que una comisión mixta Estado-Generalitat se encargará de decidir de mutuo acuerdo sobre las cuestiones que afectan a la zona de dominio público marítimo terrestre y las concesiones y autorizaciones de todos los locales de esta zona mientras se materializa el traspaso de competencias, Sánchez valora que “es una forma de suavizar la situación por parte del Gobierno central”, al que “le queda un año”.

Con todo, matiza que, mientras la Generalitat no pueda adoptar decisiones sobre los m2, no es la solución”. “Me alegro por los chiringuitos de Valencia que podrán seguir sirviendo paellas durante un año, pero hay más casos a parte de los de los de Valencia”, dice.

REACCIÓN MUNICIPAL // Sánchez no pudo asistir al encuentro de los consellers de Gobernación y Turismo con los representantes municipales y hosteleros para trasladarles los resultados del encuentro con la ministra. Sí lo hizo el concejal de Sostenibilidad de Castellón, Gonzalo Romero, que resalta como positivo que Castellano haya arrancado una moratoria de un año para todos los locales, lo que permitirá que en el plan de explotación de playas para el presente 2011 los chiringuitos de Castellón puedan ocupar 150 metros cuadrados.

Romero agradece que la ministra haya entendido que en una época de crisis y paro era inoportuno aplicar restricciones al sector, porque podría suponer una pérdida de empleos. Recalca que la transferencia de competencias podría ser un hecho en unos 5 meses y que ello permitirá equipararse con otras autonomías que ya las tienen. Muestra su voluntad de que la norma se aplique en los mismos términos que lo hace Andalucía o Baleares.

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Los propietarios de chiringuitos defenderán por su cuenta sus negocios a capa y espada. Su cruzada por evitar cierres por adaptaciones “imposibles” en cuanto a la superficie de sus negocios sobre la arena ya se ha iniciado.

Cartelería, recogida de firmas, negociación con autoridades y manifestaciones centran la campaña Volem menjar i disfrutar a la platja. El gerente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Castellón (Ashotur), Carlos Gomis, corroboró que desde la provincia se va a iniciar “antes de las fiestas de la Magdalena” la recogida de firmas entre toda la sociedad “para reclamar el traspaso de competencias del Gobierno a la Generalitat de la gestión de las autorizaciones administrativas de los establecimientos hosteleros de primera línea de playa”.

Es el objetivo, no solo de la agrupación castellonense, sino de la cruzada coordinada por la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur). “Si hay transferencia de competencias puede haber más capacidad de maniobrabilidad desde aquí”, apuntó Gomis, quien añadió que “el de los chiringuitos es un problema de toda la sociedad, pues todos somos o empresarios o usuarios de estos servicios”.

Por ello, apeló a la solidaridad de agentes sociales y económicos. “Castellón es una provincia de costa y turística, los chiringuitos crean puestos de trabajo que se van a perder si no se actúa; queremos que cara a este verano pueda estar ya todo claro”, recalcó.

La tarea de recabar apoyos se va a llevar a cabo por toda la provincia y la cartelería reivindicativa se repartirá “no solo a empresas de la hostelería, como bares, hoteles, restaurantes o cámpings, sino también a comercios o entidades que decidan darnos su apoyo a esta causa”, dijo.

Y recordó, además, que localidades como “Castellón o Moncofa” padecen más la controversia por la ubicación hasta ahora de estos locales de ocio estivales.

La finalidad de la movilización social es “transmitir el grado de consenso y unidad en la sociedad valenciana en la defensa de raíces y tradiciones vitales, culturales así como proteger nuestros recursos económicos y patrimonio turístico”. También se quiere “el apoyo de la Federación Española de Hosteleria (FEHR) y explotar el consenso político de la Comunitat para negociar con el Ministerio de Medio Ambiente”.